En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, la Consejería Jurídica de Baja California se presentó ante la Vigésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado. Encabezada por Juan José Pon Méndez, la Consejería expuso los avances y retos de las reformas promovidas en diversas áreas del gobierno, así como sus estrategias en defensa jurídica, en un ejercicio que permitió al Poder Legislativo analizar y cuestionar los resultados.

Durante la comparecencia, Pon Méndez estuvo acompañado de su equipo de trabajo: Julio César Díaz Meza, subconsejero jurídico; Guadalupe Ricardo Rodríguez, subconsejera jurídica en la zona costa; María Teresa Sierras Suquilvide, directora estatal de defensoría pública; y José Fernando Velarde Núñez, director de proyectos legislativos.

Pon Méndez señaló que la Consejería ha impulsado reformas en sectores clave como salud, bienestar, obra pública y seguridad. Entre estas reformas destacó la consolidación del programa IMSS Bienestar en Baja California, que ahora extiende sus servicios a los cuerpos de seguridad de los municipios de San Felipe y Tecate, lo cual es un avance en el acceso a la salud para los servidores públicos de estas áreas, específicamente en los cuerpos policiacos municipales.

En cuanto al acceso a la justicia, Pon Méndez explicó que se ha reforzado la atención a mujeres víctimas de violencia mediante la Ventanilla Violeta, un recurso que permite brindarles una atención integral. Además, informó que el personal capacitado en atención de primer contacto a mujeres en situación de violencia aumentó de 55 a 77 personas, fortaleciendo así la respuesta estatal ante este problema.

Asimismo, subrayó la inclusión para la atención de personas con discapacidad en el sistema de defensoría pública, para lo cual se instalaron módulos de atención prioritaria en distintas oficinas estatales. El personal especializado en lenguaje de señas también creció de 30 a 46 personas en el último año, como parte de una política inclusiva en la administración de justicia.

En relación con la atención a comunidades indígenas, Pon Méndez informó que ya se cuenta con personal intérprete en Tijuana, Ensenada y San Quintín, los municipios con mayor demanda de atención jurídica para estas comunidades. Además, detalló que en 2024 se han realizado un total de 233 mil 872 asesorías, cifra que supera en más de 50 mil las asesorías proporcionadas en 2023, lo cual refleja el esfuerzo de la Consejería para ampliar el acceso a la justicia.

Pon Méndez también presentó un balance de los procesos jurídicos emprendidos, informando que en el último año se han llevado a cabo 10,958 juicios en diversas áreas del derecho, incluyendo civil, agraria, mercantil, laboral, administrativa, constitucional y penal. Entre las acciones legales destacaron 1,309 contestaciones de demandas, 7,248 promociones y 4,195 audiencias.

Uno de los temas más relevantes abordados en la sesión fue la situación legal de la fallida planta fotovoltaica de la administración pasada, un proyecto que nunca se concretó y ha dejado un impacto financiero en el estado. El diputado Jaime Cantón respondió que se han emprendido acciones legales para evitar un desfalco a las arcas estatales. En respaldo de esta respuesta, Guadalupe Ricardo Rodríguez, subconsejera jurídica, indicó que hasta el momento se han emitido ocho autos de apertura de juicio oral: cinco contra ex funcionarios y tres contra particulares involucrados en el presunto fraude. Este año se logró que estas personas fueran vinculadas a proceso por abuso de autoridad.

Con esta comparecencia, la Consejería Jurídica busca demostrar su compromiso con el acceso a la justicia, la inclusión y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, marcando así el cierre de un tercer año de trabajo que reafirma los objetivos del gobierno estatal en estas áreas cruciales.