En un esfuerzo por garantizar la certeza y seguridad jurídica de los bienes y derechos de la ciudadanía, el gobierno de Baja California, bajo el liderazgo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha realizado más de 2 millones de trámites a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) desde noviembre de 2023 hasta junio de 2024. Esta medida busca fortalecer la protección del patrimonio de los residentes y mejorar la eficiencia del servicio ofrecido.

Durante el mencionado período, se ha proporcionado certeza jurídica a más de 18,500 personas en el estado, gracias a una serie de decretos emitidos por la gobernadora que incluyen exenciones y estímulos en los pagos de derechos por servicios registrados. Esta acción se enmarca dentro de un enfoque gubernamental que prioriza la inclusión, la eficacia y el respeto a los derechos humanos en todos los procedimientos y espacios de atención.

Las estadísticas de la RPPC durante estos meses revelan un incremento significativo en la actividad registral. Se han llevado a cabo 818 ratificaciones, se han emitido más de 92 mil certificados, y se han inscrito más de 2 mil títulos de propiedad provenientes del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado (INDIVI), entre otros. Estas cifras destacan el compromiso del gobierno con la actualización y validación de la información registral.

Para respaldar esta expansión en la prestación de servicios, el gobierno ha invertido más de 22 millones de pesos en mejorar la calidad, seguridad y accesibilidad de la información registral, así como en la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda. Además, se han realizado 34 cursos de capacitación para 227 servidores públicos, asegurando que el 96% del personal esté certificado para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos.

La gobernadora invita a los ciudadanos que necesiten realizar trámites en el RPPC a que soliciten una cita previa para agilizar el proceso y obtener información actualizada sobre costos y tiempos de espera. Esta iniciativa refleja el compromiso continuo del gobierno de Baja California con la mejora del servicio y la protección del patrimonio de sus residentes.