El 3 de junio, durante una revisión rutinaria en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) de Baja California, se detectó una grave irregularidad en la liberación de Gisela Cervantes, implicada en el homicidio de Jonathan Palma. Al descubrir la anomalía, se notificó de inmediato a la Secretaría de la Función Pública, el órgano administrativo de control interno.

Además, debido a la gravedad del caso y la posibilidad de que la liberación irregular pudiera derivar en un evento delictivo, se informó a la Fiscalía General del Estado para que iniciara las investigaciones correspondientes. Jose Gabriel Gálvez Beltrán, Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, comunicó que los responsables directos de esta irregularidad fueron el director y el subdirector del Centro Penitenciario de la Mesa.

Ambos funcionarios fueron separados de sus cargos el 4 de junio y actualmente están bajo investigación. Gálvez Beltrán aclaró que las liberaciones deben ser ordenadas por un juez tras una audiencia. Sin embargo, en este caso, Gisela Cervantes fue liberada sin que se llevara a cabo dicha audiencia, el 29 de mayo. Por su parte, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, afirmó que la Fiscalía no tuvo participación en la liberación irregular de Cervantes.

Además, informaron que ya se ha solicitado una orden de aprehensión en su contra. Andrade subrayó que la investigación en contra de Cervantes sigue abierta y que su liberación irregular no implica una sentencia absolutoria. Cervantes continúa siendo imputada y sospechosa de homicidio calificado agravado.