A partir del 1 de enero, México planea implementar un impuesto de 42 dólares por pasajero en los cruceros que lleguen a sus puertos. La medida, promovida por el Congreso, ha dividido opiniones: mientras el Gobierno la defiende como una actualización necesaria, representantes del sector turístico advierten de graves consecuencias económicas y una posible pérdida de competitividad frente a otros destinos del Caribe.

La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) sostiene que el nuevo impuesto hará que México se vuelva menos atractivo para los viajeros. Michele Paige, directora de la FCCA, explicó que el cargo adicional podría disuadir a las familias de elegir México como destino. “Una familia de cuatro personas podría enfrentar un costo extra de 200 dólares, lo que haría que los cruceros en México sean un 213 % más caros”, afirmó.

Según datos de la FCCA, la industria de cruceros aporta mil millones de dólares anuales a la economía mexicana y genera más de 20,000 empleos directos. Paige advirtió que la mayor parte de las reservas para 2025 ya están hechas, lo que podría generar problemas logísticos para las empresas.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) también expresó su preocupación. En destinos como Cozumel, Mahahual, Puerto Vallarta y Los Cabos, donde hasta el 90 % de los visitantes llegan en cruceros, el impuesto podría significar una disminución en el flujo turístico y afectar directamente a las economías locales.

No obstante, la Concanaco sugirió que, si los recursos se manejan adecuadamente, el impuesto podría ser una oportunidad para modernizar la infraestructura portuaria y atraer un turismo de mayor calidad. Sin embargo, alertó sobre posibles conflictos legales y cancelaciones de inversiones en infraestructura.

Empresarios del sector, como Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Cozumel, han propuesto soluciones alternativas. Entre ellas, destacan implementar el impuesto de manera progresiva, aplazar su entrada en vigor hasta 2026 y ajustar el monto según la duración de la estancia del turista en el país. “Es fundamental que el gravamen sea proporcional al tiempo que los visitantes permanecen en México”, argumentó Joaquín.

Asimismo, enfatizó la necesidad de que parte de los ingresos recaudados regrese a los municipios para mejorar la infraestructura local, particularmente en regiones como Cozumel, que dependen casi exclusivamente del turismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el impuesto como una actualización de un cobro ya existente y no como un nuevo gravamen. Durante una conferencia de prensa, aseguró que la medida se discutió ampliamente con las secretarías de Hacienda, Marina y Turismo. Además, prometió establecer un diálogo con las empresas navieras para atender sus preocupaciones.

Sheinbaum argumentó que el ajuste busca garantizar un uso más eficiente de los recursos en beneficio de las comunidades portuarias y mejorar las condiciones del sector turístico en el país.

Aunque el impuesto busca fortalecer la economía mexicana, su implementación podría tener efectos contraproducentes si no se gestiona de manera adecuada. El sector turístico, clave para muchas localidades costeras, enfrentará importantes desafíos en los próximos meses, mientras la industria y el Gobierno intentan encontrar un equilibrio entre ingresos fiscales y competitividad.